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Hogan Lovells 2024 Election Impact and Congressional Outlook Report
El 24 de enero del año en curso, informamos sobre la nueva obligación prevista en el artículo 132 del Código Fiscal de la Ciudad de México, que requiere que propietarios y poseedores de inmuebles habitacionales cuyo valor catastral se ubique en los rangos L, M, N, O y P de la tarifa establecida en el artículo 130, fracción I del Código Fiscal de la Ciudad de México, presenten una declaración informativa ante la Secretaría de Administración y Finanzas.
El 18 de febrero de 2025, se publicaron en la Gaceta Oficial las Reglas de Carácter General, en las que se detallan los lineamientos para su cumplimiento y se aclaran aspectos clave sobre su aplicación.
La declaración informativa se define, de conformidad con las Reglas de Carácter General, como un documento mediante el cual los propietarios o poseedores de inmuebles destinados a uso habitacional, cuya propiedad o posesión actualice el pago del Impuesto Predial, informan a la autoridad fiscal sobre el estado que guardan dichos inmuebles respecto a su ocupación.
Si bien la declaración informativa se presenta como un mecanismo meramente estadístico y de actualización catastral sin efectos sobre la propiedad o posesión de los inmuebles, su implementación parece formar parte de un esfuerzo más amplio de las autoridades para fortalecer el control y registro de bienes inmuebles en la Ciudad de México.
En este sentido, su alcance podría vincularse con otras regulaciones recientes, como la reforma a la Ley de Turismo, publicada el 4 de abril de 2024, que impone nuevas obligaciones a los inmuebles utilizados para hospedaje temporal mediante plataformas digitales. Asimismo, podría estar relacionada con cambios en materia de arrendamiento, como la creación de un registro digital de contratos de arrendamiento y la regulación de incrementos en el monto de las rentas, medidas que buscan mejorar la transparencia y estabilidad del mercado inmobiliario.
Por otro lado, aunque las Reglas de Carácter General establecen que la negativa a compartir información sobre la ocupación de los inmuebles o la presentación de los documentos a los que se refiere el artículo 132 no conlleva sanciones, la interacción de esta disposición con otras normas fiscales podría generar incertidumbre sobre su verdadero alcance.
Además, la falta de técnica jurídica y legislativa, así como posibles conflictos de competencia entre distintos niveles de gobierno, abren la puerta a diversas interpretaciones por parte de la autoridad respecto a la posibilidad de imponer sanciones o, en su caso, considerar que se actualiza el supuesto de un delito fiscal.
Por ello, es recomendable realizar un análisis casuístico de la norma, evaluando sus alcances y posibles implicaciones, así como considerar la viabilidad de interponer medios de defensa correspondientes.
Los abogados de Hogan Lovells estamos a sus órdenes para asesorarlos en cualquier duda o inquietud que pudiera surgir en relación con este comunicado.
Authored by Oscar Martínez, Alejandro Diener, and Ángel Dominguez de P.