ESG sí, pero el sector asegurador pone límites a la sostenibilidad

Recientemente se publicó una noticia que quizá pasó inadvertida: “Éxodo de la Net Zero Insurance Alliance”, aludiendo a la salida de un número significativo de aseguradoras, entre ellas, Axa, Allianz, Scor, Swiss Re, ­Lloyd’s o QBE, de la principal alianza internacional para la sostenibilidad del sector asegurador. La Net Zero Insurance Alliance (NZIA) tiene como compromiso fundacional conseguir que las carteras de reaseguros no tengan impacto en la emisión de gases de efecto invernadero en el año 2050 para contribuir al cumplimiento del Acuerdo de París del año 2016. Ese objetivo venía precedido por la obligación de cumplir ciertos hitos intermedios exigentes.

En un contexto regulatorio y social favorable para la sostenibilidad, se ha producido de repente un giro de guion a partir de la carta que 23 fiscales de EE UU remitieron a los miembros de la NZIA, afirmando que los objetivos de esta alianza podrían vulnerar las normas sobre competencia federales y estatales.

La sostenibilidad ha formado parte del debate político en Estados Unidos, sufriendo en sus carnes la polarización y populismo propios de los últimos tiempos, hasta el límite de rechazarse, por algunas posiciones, su necesidad o fundamento. Es digno de atención que este enfoque haya saltado de la arena política al plano empresarial, normalmente más sereno y técnico.

Que un 15% de las primas mundiales del seguro estuvieran en la NZIA puede justificar la advertencia de los fiscales, en tanto en cuanto esta combinación entre representatividad de mercado e instrucciones centralizadas podría tener un impacto en el tipo de producto que los miembros de la alianza ofrecieran al mercado en su diseño y en su precio.

Si de lo que se trata es de que los seguros no contribuyan al efecto invernadero, podría llegar a suceder que una parte del mercado asegurador (o su totalidad, en ciertos lugares) optara, por ejemplo, por no cubrir vehículos de combustión (en oposición a los eléctricos), imposibilitando a ciertos conductores cumplir con el requisito preceptivo de suscribir un seguro para circular en automóvil, es decir, condenarles a no utilizar ese vehículo y forzarles a buscar alternativas.

Siendo en un mundo ideal deseable esta transición, es cuestionable que la misma tenga que venir impuesta por un elemento accesorio, aunque necesario, al vehículo. Este escenario podría derivar en que los conductores, obligados a circular con sus vehículos de combustión al no tener alternativas a corto plazo, se arriesgaran a hacerlo sin seguro, resultando dos problemas cuando antes solo teníamos uno.

Que una aseguradora decida no ofrecer una determinada cobertura al mercado (aunque sea obligatoria para los clientes) entra dentro de la libertad de empresa del artículo 38 de la Constitución. El problema aparece cuando esa conducta está pactada por un número relevante de actores. Las normas y las autoridades de la competencia están precisamente para vigilar y, en su caso, evitar ese tipo de conductas.

No obstante, la explicación de la “espantada” de la NZIA va más allá. La dureza de los objetivos de la alianza también ha contribuido. Por un lado, el conflicto entre la urgencia climática y la conveniencia de establecer metas comunes. Por otro, la dificultad de conciliar estos esfuerzos con el derecho de la competencia y, en general, con la dinámica propia del negocio asegurador pone en entredicho que el cliente esté verdaderamente en el centro de las decisiones de las compañías.

A pesar de este revés, la sostenibilidad, como antídoto del cambio climático, seguirá su rumbo y el sector asegurador está llamado a jugar un papel distinguido. Sin embargo, esta experiencia nos recuerda que, ante cambios profundos de modelo, hay que buscar consensos que permitan una transición suave que evite daños colaterales superiores a los beneficios que se pretenden obtener.

Pablo Muelas, socio en Hogan Lovells

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