Hogan Lovells 2024 Election Impact and Congressional Outlook Report
El equipo de Competencia de Hogan Lovells en España, compuesto por nuestro socio Casto González-Páramo y nuestra Asociada Raquel Fernández, ha realizado una revisión y actualización del panorama normativo en España colaborando en esta tercera edición de la guía. En su análisis, y bajo el título “Consolidation of FDI regime as Spanish Government Adopts New Royal Decree”, Casto y Raquel representan la postura española de la guía, con orientaciones prácticas a los profesionales que tratan de navegar en el rápidamente evolutivo entorno inversor del capital extranjero tras la reciente aprobación por parte del Gobierno de un nuevo Real Decreto que consolida el régimen de FDI.
La regulación en materia de FDI en España parte de la propuesta de la Comisión Europea en 2017 de la adopción de un marco comunitario que impulsase el control de la inversión extranjera directa por parte de los Estados miembros, para encontrar un equilibrio entre la apertura general de la UE a los flujos de inversión extranjera directa y la defensa de los intereses esenciales de la UE. Como resultado, se aprobó el Reglamento UE 2019/452, de 19 de marzo de 2019, para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión, que estableció un marco para el control de la inversión extranjera directa por motivos de seguridad u orden público, en línea con los instrumentos de control que han puesto en marcha la mayoría de los países de la OCDE.
Con la declaración del estado de alarma en marzo de 2020, España, así como la mayoría de Estados Miembros de la UE, no se quedó atrás: el Gobierno acordó la suspensión del régimen de liberalización de las inversiones extranjeras directas en nuestro país y, como consecuencia de ello, se consolidó la necesidad de obtener autorización para determinadas inversiones extranjeras, prevista excepcionalmente en el pasado para el sector de la defensa.
La nueva regulación en materia de control de inversiones extranjeras en España ha sido estos últimos tres años origen de múltiples problemas prácticos de interpretación, determinando la necesidad de un desarrollo reglamentario práctico. El tan deseado desarrollo reglamentario se ha producido el 1 de septiembre de 2023, cuando entró en vigor el Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores ("RD 571/2023"). Con la aprobación del RD 571/2023 no solo se pretende solventar ciertas lagunas interpretativas en la materia, sino que se consolida definitivamente el régimen de control de inversiones extranjeras en España.
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