La iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia administrativa (la “Iniciativa”) tiene como propósito principal fortalecer a la Administración Pública Federal (“APF”) y proporcionarle herramientas necesarias para también prevenir actos de corrupción y evitar afectaciones al interés público.

Entre las diferentes propuestas de la Iniciativa se encuentran:

• Definir el juicio de lesividad. Este proceso administrativo, el cual puede ser promovido por las autoridades administrativas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (“TFJA”) y que tiene como principal propósito revocar un acto administrativo favorable a un particular  que derive de una afirmativa ficta, que sea contrario a la ley, o que cause perjuicio a la Administración Pública Federal.   Con la reforma, esta definición se incluiría en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (“LFPCA”) y en la Ley Orgánica del TFJA   y así también tener el concepto más claro ante cualquier circunstancia.
• Complementar la figura del procedimiento de nulidad, específicamente si el acto en cuestión omite uno de los elementos de validez del propio acto, éste sería considerado inválido y por tanto no ejecutable ni subsanable. Este procedimiento de nulidad podría realizarse de oficio o a petición de parte interesada, y sería resuelto por el superior jerárquico de quien haya emitido el acto administrativo.
• Se establece la revocación de ciertos actos administrativos por hechos supervinientes que afecten al interés público, general o social.
• Se propone permitir la compra de bienes y servicios en el mercado internacional siempre y cuando este ofrezca mejores condiciones de precio y calidad para México. Esto, sin necesidad de agotar el procedimiento de licitación pública nacional.
• Se propone reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (“LAASSP”) para incluir la obligación de establecer una cláusula de terminación anticipada por causas de interés público.
• Se propone establecer el límite de los montos de indemnizaciones cuando se obligue a su pago por procedimientos judiciales o arbitrales. Esto, en relación con la Ley General de Bienes Nacionales.
• Aplicar límites a los salarios y remuneraciones de los servidores públicos como medida de protección al erario nacional.
• Se propone establecer el “principio de confianza” en las obras que se regulen a través de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (“LOPSRM”) para realizar de forma más ágil aquellos proyectos que se consideren de urgente necesidad o por causas de seguridad nacional.
• Ofrecer la posibilidad de entregar mayores anticipos, de casi el 50% del precio final en cuanto a la adquisición de equipos médicos o de seguridad en general. Esto, siempre que se justifique que de esta forma se consiguen por un menor precio o con entrega anticipada.
• La exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio queda a cargo de la Secretaría de Energía.
• La prohibición del otorgamiento de concesiones mineras respecto de zonas sin disponibilidad de agua, zonas naturales protegidas o dónde exista un riesgo para la población.
• Autoriza a la Secretaría de Economía para dictaminar los estudios de impacto social para el otorgamiento de concesiones y declarar la nulidad de estas.

Next steps

Actualmente la Iniciativa se encuentra en turno en las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción; y de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen. Daremos seguimiento al tema. En caso de tener cualquier duda relacionada a la Iniciativa o a cualquier tema administrativo, con gusto nos encontramos disponibles para asesorarlos.

Elaborado por: Julio Zugasti, Marino Castillo y Reneé Penhos